Durante años, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) fue vista por la izquierda mexicana como un aliado natural.

Sus marchas, plantones y movilizaciones eran presentados como expresiones legítimas de resistencia frente a gobiernos que, según su narrativa, pretendían imponer reformas educativas sin escuchar a los maestros.

En aquellos años era común ver a Andrés Manuel López Obrador solidarizarse con las causas de la Coordinadora. También lo hacían otros dirigentes y figuras que hoy ocupan posiciones de poder. Desde la oposición, la protesta era un instrumento útil para cuestionar al régimen. La calle era un espacio de lucha política. Los bloqueos eran interpretados como actos de resistencia. Las movilizaciones eran parte de una causa mayor.

Pero la política tiene una vieja lección: no siempre es fácil controlar las fuerzas que uno ayuda a crecer.

Hoy, ya con Morena en el poder y con Claudia Sheinbaum al frente del gobierno federal, la CNTE ha demostrado que no está dispuesta a convertirse en un sindicato dócil ni en un aliado automático del oficialismo. Las mismas organizaciones que durante años encontraron comprensión y respaldo en sectores de la izquierda ahora exigen más, presionan más y desafían a quienes antes consideraban compañeros de lucha.

La presidenta enfrenta una realidad incómoda. Gobernar es muy distinto a marchar. Desde la oposición se pueden respaldar demandas sin preocuparse demasiado por el impacto presupuestal o las consecuencias administrativas. Desde el gobierno, en cambio, cada concesión tiene un costo y cada decisión afecta a millones de personas.

La CNTE no responde a la lógica de la gratitud política. Responde a la lógica de la presión. Y quienes alguna vez celebraron esa capacidad de presión ahora descubren que también puede dirigirse contra ellos.

Las escenas de bloqueos, manifestaciones y exigencias crecientes reflejan una paradoja del poder. Durante años se alimentó la idea de que toda protesta social representaba una causa justa y que cualquier intento de imponer límites equivalía a represión. Hoy quienes tienen la responsabilidad de gobernar descubren que la realidad es mucho más compleja.

No se trata de negar el derecho a la protesta ni de desconocer las demandas legítimas de los maestros. Se trata de reconocer que existe una diferencia entre acompañar movimientos sociales desde la oposición y administrar las consecuencias de esos movimientos desde el gobierno.

La historia política está llena de ejemplos de dirigentes que alentaron fuerzas sociales que después escaparon a su control. Cuando eso ocurre, la responsabilidad no recae únicamente en quienes protestan. También alcanza a quienes durante años contribuyeron a fortalecerlas, legitimarlas y convertirlas en actores centrales de la vida pública.

Hay un viejo refrán que resume bien esta situación: cría cuervos y te sacarán los ojos.

Quizá sea una frase dura. Pero describe con precisión la ironía que hoy enfrenta el oficialismo. Los movimientos que alguna vez fueron aliados indispensables se han convertido en un desafío permanente para quienes ocupan el poder. Y mientras las movilizaciones continúan, la pregunta que queda en el aire es si el gobierno está viendo las consecuencias de una estrategia construida durante décadas o simplemente descubriendo que algunas fuerzas políticas, una vez liberadas, ya no obedecen a nadie.